SÓLO 5 MIL DE 200 MIL FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAMITARON SU CERTIFICADO
DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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| Los funcionarios públicos deben acreditar que no ejercieron violencia de género/ Internet |
El 31 de octubre vence el plazo para que los
servidores públicos de todo el país presenten el certificado de no violencia
que acredita que no figuran en el registro de personas que hubieran sido
condenadas por violencia intrafamiliar.
De mayo a la fecha, “sólo cinco mil de los cerca de
200 mil funcionarios públicos tramitaron su certificado”, informó a ANF Ana
María Rojas, abogada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (SIPASSE).
El artículo 11 de la Ley 348 establece que el
SIPASSE es la instancia responsable de “…emitir certificaciones sobre
antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores
públicos, y sobre todo información que pueda servir para la prevención, atención,
protección y sanción” de la violencia contra la mujer.
Asimismo, el artículo 13 de la norma instituye que
“para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de
administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación,
además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable
el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o
cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de
cosa juzgada”.
Para la emisión del certificado de antecedentes de
violencia “se consulta la base de datos del Registro de Antecedentes Penales
(REGAP) del Órgano Judicial que reúne información relativa a sentencias
ejecutoriadas, declaratoria en rebeldía y suspensión condicional del proceso,
antecedentes esenciales para verificar si el funcionario público cometió en
algún momento un hecho de violencia de género”, explicó Rojas.
Para tramitar el certificado se debe “presentar una
fotocopia del carnet de identidad y realizar dos depósitos bancarios, uno de 25
bolivianos para cubrir los costos operativos del Órgano Judicial y, el otro, de
10 bolivianos para los costos administrativos del Ministerio de Justicia”.
Rojas reiteró que las personas con antecedentes
penales por violencia de género, no podrán acceder a ningún cargo público.
Quienes actualmente se desempeñan en un cargo del
sistema público tienen plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus
antecedentes. “Como ente rector, el Ministerio de Justicia ha fijado ese
cronograma y cada institución estatale tiene la obligación de solicitar la
certificación”, puntualizó.
La máxima sanción en caso de cursar antecedentes
penales es la destitución del cargo, “aunque hasta la fecha no se ha discutido
y aprobado la normativa interna y las sanciones que se impondrán a quienes no
cumplen los plazos señalados para este primer registro de antecedentes de
violencia en la familia” recordó Rojas.
A partir del lanzamiento del programa de
certificación, todas las instituciones públicas debieron notificar al personal
su responsabilidad de tramitar su certificado de no violencia.
“Antes del 31 de octubre se emitirá una normativa
interna que incluirá sanciones a quienes no hubieran tramitado su certificado,
en primera instancia una llamada de atención”, anunció Rojas.
ANF/
DLC
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