En 2013, se celebró la adjudicación de la construcción de
vías de acceso a la planta de Río Grande, pero pasaron los meses y las boletas
de garantía se ejecutaron y cerraron la empresa militar.
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| (1 / 1) Planta de separación de líquidos de Río Grand |
Los coroneles Germán Nikita
Apaza y Abel Villarroel, gerentes generales de la Empresa Constructora del
Ejercito en 2013 y 2014, fueron cautelados en un segundo proceso abierto en su
contra por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos y malversación
de fondos del Estado, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).
La empresa tenía contrato para la construcción de las vías
de acceso a planta separadora de líquidos de Rio Grande, Santa Cruz, pero pese
a recibir el adelanto, no logró cumplir con lo acordado.
Según los antecedentes en ese caso, el primero de
septiembre pasado, la juez primero anticorrupción, Cinthia Delgadillo,
determinó la detención preventiva de ambos militares, uno en el penal de San
Pedro y el segundo en Patacamaya. Esta se constituye en la segunda medida
cautelar que pesa en contra de ambos militares.
El primer proceso fue instaurado por el Ministerio de
Defensa por la quiebra de la ECE y la pérdida de 60 millones de bolivianos, que
esta empresa recibió como adelanto de seis contratos.
CONTRATOS
Uno de esos contratos es el referido al que en medio de
celebraciones el presidente Evo Morarles, en junio de 2013, asistió al acto en
el que YPFB adjudicó a la ECE, la construcción de los 44 kilómetros de
pavimento rígido, para el acceso vial a la Planta de Río Grande, Santa Cruz,
cuya inversión anunciada alcanzaba a Bs 294.887.397 ($us 42 millones).
“Es una gran alegría adjudicar esta obra, que va a
beneficiar a las comunidades de esta región, pues por fin van a tener un camino
pavimentado. Quisiéramos que la obra termine lo más antes posible, porque hay
muchas empresas nacionales e internacionales que van ejecutando la construcción
de caminos, pero que lamentablemente siempre hacen faltar plata y tiempo”,
manifestó Morales en esa ocasión.
La importancia de la obra radicaba en que facilitaría el
tránsito de cisternas de gas licuado de petróleo y gas natural licuado, que
deben salir de las plantas de separación de líquidos Río Grande y GNL.
En esa oportunidad, el coronel Apaza agradeció al
Presidente la confianza depositada en la ECE.
Sin embargo, en abril de 2015, el ministro de Obras
Públicas, Milton Claros, informó que se ejecutaron las boleta de garantía de la
ECE por incumplimiento de contrato, sin precisar el monto y sólo mencionó que
la ejecución de la boleta “corresponde al 20% del anticipo y al 7% que es
garantía por incumplimiento de contrato”.
Pero, según la imputación presentada por el Ministerio
Público, se detallan datos sobre dos anticipos, que sumados dan el 12,98 % del
monto del contrato, equivalente a 38.291.791 bolivianos.
CARGOS
En el caso del teniente coronel Villarroel, que en 2013 ocupaba
el cargo de gerente de operaciones y en 2014 asumió la Gerencia General de la
ECE, es procesado por el supuesto desvió de 12 millones de bolivianos para la
compra de maquinaria china, que también generó otro conflicto legal.
Al momento, el proceso continúa en la etapa de
investigación y se desconoce cuántos exfuncionarios de la ECE deben comparecer
para esclarecer el hecho.
La empresa del Ejército inició operaciones en junio de
2012, con un capital de 40 millones de dólares, otorgados por el Gobierno Nacional,
pero en septiembre de 2015 el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507,
dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
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