Cinco
ministros, de los 20 de la Corte Suprema de Chile, escucharon fundamentos que
expuso la relatora y que fueron justificados por el equipo nacional. Hoy se
puede conocer el dictamen
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La viceministra María Almendras viajó el 24 de marzo a Iquique para asistir a los bolivianos presos |
Iván Paredes Tamayo
La Corte Suprema de Justicia
de Chile admitió el recurso constitucional que presentó el equipo jurídico que
defiende a los nueve funcionarios bolivianos detenidos en la cárcel de Alto
Hospicio, en Iquique, y cinco magistrados evalúan la sentencia. Ayer, se expuso
los alegatos ante una relatora y existe confianza en que las autoridades
judiciales se inclinen por solicitar la revisión de la detención preventiva
dictada el 20 de marzo por el juzgado de Pozo Almonte.
El
abogado chileno Roberto Celedón, que encabezó la parte boliviana, explicó a
EL DEBER que generalmente los ministros de la Suprema chilena deciden la causa
el mismo día de la audiencia, empero en este caso, al que calificó de
‘complejo’, se decidió evaluarlo.
“Hubo
mucho interés en escuchar los alegatos por parte de la relatora, que es quien
cuenta la causa a los ministros. Ella hizo una descripción bastante objetiva,
eso es un elemento positivo porque marca el contenido de los alegatos,
empezamos bien en ese sentido (...) No puedo adelantar, pero en la opinión de
las autoridades y abogados presentes es que la posición nuestra es bastante
contundente y solvente”, explicó Celedón.
Los
nueve funcionarios bolivianos —dos militares y siete servidores de la Aduana—
fueron detenidos por carabineros chilenos mientras ejercían labores de lucha
contra el contrabando en la frontera. Desde el 20 de marzo están recluidos en
el penal de Alto Hospicio.
El
equipo nacional se decidió por el amparo constitucional y acudió primero a la
Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó el recurso y calificó de legal la
detención de los nueve funcionarios bolivianos.
La oficina de prensa de la Suprema de Chile confirmó a este medio que cinco
ministros admitieron los alegatos y que ahora corresponde un evaluación para
emitir la sentencia, que puede ser conocida hoy.
La causa puede ser aprobada por unanimidad o por mayoría, y en este caso basta
que tres, de los cinco ministros, decidan a favor del Estado boliviano.
Tiempo para
decidir
Celedón remarcó que se declaró un acuerdo antes de emitir la sentencia, lo que
significa que los ministros tomarán su tiempo para resolver la causa.
“Por lo general (las causas) se resuelven el mismo día, esto es complejo y
requiere tiempo. No se tomó una decisión de inmediato porque significa que los
ministros necesitan tiempo para meditar y confirmar o revocar la causa”, dijo
Celedón.
La Fiscalía de Pozo Almonte acusó a los nueve bolivianos de contrabando, robo y
portación de armas en suelo chileno. La acusación es cuestionada por la parte
boliviana, ya que los acusan de contrabandear los vehículos de la Aduana y
robar un camión con carga ilícita.
En La Paz, el presidente del Senado, José Gonzales, espera que la Suprema
chilena falle a favor de los bolivianos y alabó los esfuerzos jurídicos que se
ejecutaron en este caso.
Tribunal
revisará pedido de cesación
La audiencia será en el lugar donde se dictó la detención preventiva para
los nueve funcionarios bolivianos. Hoy, el juzgado de Pozo Almonte revisará el
pedido de modificación de cesación a la detención de los servidores, lo que
puede desembocar en la detención domiciliaria o la defensa en libertad.
“El viernes se llevará adelante una audiencia para la modificación de cesación
de la medida precautoria de detención preventiva que se dispuso en el Tribunal
de Pozo Almonte por cuatro meses”, explicó el ministro de Justicia, Héctor
Arce.
El 20 de marzo, la jueza Isabel Peña determinó la detención preventiva de los
nueve funcionarios en el penal de Alto Hospicio. Se decidió 120 días de
reclusión mientras dure la investigación.
Hoy, en el mismo juzgado se pedirá la modificación o la cesación a la detención
preventiva que se dispuso.
En la audiencia la parte boliviana estará comandada por el abogado chileno
Claudio Vila, quien es parte del equipo jurídico. Además, estarán juristas de
instituciones del Estado que llegaron al vecino país para ser parte del grupo
asesor.
Fuente: El Deber
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